Presidenta de CIDH manifiesta preocupación por propiedad privada sobre los recursos hídricos en Chile

Presidenta de CIDH manifiesta preocupación por propiedad privada sobre los recursos hídricos en Chile

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Durante una hora en la Sala Rubén Darío, en audiencia especial en el marco del 154º período de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expusieron el Werken del Parlamanto Mapuche de Koz Koz, Jorge Hueque, y el coordinador del Área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, dando cuenta de los crecientes impactos que la actividad empresarial está teniendo en los derechos humanos del pueblo mapuche.

En particular, hicieron un análisis de la normativa vigente en Chile referida a los pueblos indígenas y a sus derechos, así como de la legislación sectorial referida a la propiedad y uso a los recursos existentes en los territorios de ocupación tradicional indígenas, que los desvincula de la propiedad de la tierra, así como de la legislación ambiental y reglamentación del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, que limita de manera grave el derecho de consulta a los pueblos indígenas frente a medidas administrativas que recaen en proyectos de inversión susceptibles de afectarles directamente.

Durante su intervención, Jorge Hueque recalcó que los avances que hasta ahora pudieron haberse registrado, como la ratificación del Convenio 169, no corresponden «tanto a una voluntad del gobierno, sino por la presión de las organizaciones indígenas», denunciando a su vez que en los proceso de consulta hasta ahora verificados «el estado coloca el temario, y son consultas que no son vinculantes, por lo que eso no es respetar la opinión del pueblo mapuche», pidiendo que estos procesos se realicen de acuerdo a los estándares internacionales.

Respecto de la criminalización de la protesta indígena, en tanto, el representante del gobierno destacó que «se ha hecho un compromiso, expresado en el programa de gobierno, de no aplicar la legislación antiterrorista en el caso del pueblo mapuche».

Por su parte, y aunque no se trataba de una audiencia de casos, sino temática, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadana entregó copia de un informe que profundiza en los puntos expuestos y da cuenta de tres casos específicos que ejemplifican estas violaciones de derechos fundamentales (se adjunta).

Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión, Rose Marie Antoine, manifestó que «la situación de tener la propiedad privada sobre los recursos hídricos es de gran preocupación para los comisionados. Que no comenzó durante la actual administración, pero quisiéramos tener más información sobre este particular», requirió a los representantes del Estado.

La Comisión está también integrada por los comisionados James Cavallaro, José de Jesús Orozco Henríquez, Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi.

Reacciones tras la audiencia

Concluida la sesión el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, la valoró como una instancia «muy relevante, puesto que permitió visibilizar de manera muy nítida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de desprotección de los derechos del pueblo mapuche ante la proliferación de empresas en sus tierras de ocupación legal y tradicional. Dejo además en evidencia el incumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos y empresas, tanto aquellos que surgen del sistema de la ONU como los que han sido desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos en relación a los pueblos indígenas», sostuvo.

Llamó la atención la recepción por parte de los integrantes de la Comisión a la presentación realizada por el Observatorio Ciudadano y el Parlamento de Koz Koz, «en particular en lo referente a las contradicciones existentes entre la legislación sectorial -como el agua- o la legislación sobre consulta, y los derechos humanos de pueblos indígenas», agregando que «el representante del estado de Chile debió reconocer las carencias que en el país existen en esta materia y la necesidad de introducir reformas profundas normativas y políticas para asegurar que la actividad empresarial en Chile no vulnere los derechos del pueblo mapuche y los derechos humanos en general», finalizó el abogado.

Por su parte Nancy Yáñez, también codirectora del Observatorio Ciudadano, quien se encontraba presenciando la audiencia en Washington, destacó que el hecho de que «el Estado de Chile haya reiterado el compromiso adquirido tras la audiencia de marzo de 2014 de revisar los reglamentos 66 y 40 sobre consulta indígena, haciendo un explícito reconocimiento que estos no se ajustan a los estándares internacionales».

Además, señaló Yáñez, «quedó en evidencia que las normas que regulan la industria extractiva en Chile permiten la privatización de los recursos naturales indígenas y no contemplan proceso de consulta, por lo que se requiere una inmediata revisión y modificación de esta normativa. Lo que cabe preguntarse es cuándo el Estado de Chile va a poner término a esta situación de violación de derechos indígenas y en qué plazo va a generar las modificaciones reglamentarias y legales para dar cumplimiento cabal a sus compromisos internacionales en materia de derechos indígenas. Puesto que en la audiencia el Estado omitió responder a esta pregunta y ello evidencia una vez más la falta de voluntad política efectiva para garantizar derechos indígenas en Chile», enfatizó.

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