Informe del Observatorio Judicial revela inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la macrozona sur

Informe del Observatorio Judicial revela inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la macrozona sur

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Informe del Observatorio JudicialInforme del Observatorio Judicial

El Observatorio Judicial, en conjunto con la Multigremial de la Araucanía, lanzaron su informe final sobre violencia en la Macrozona Sur. En el estudio se plasma un aumento considerable en el número de ingresos de causas a los tribunales de justicia por hechos de violencia en la zona. Mientras que en 2018 ingresaron 84 causas, en 2020 este número alcanzó los 321 ingresos, lo cual equivale a un incremento de 282%. El 59,3% de estas causas corresponden a ataques incendiarios.

Para José Miguel Aldunate, Director de Estudios de Observatorio Judicial e investigador de esta serie de informes, “los datos analizados muestran la tendencia histórica de inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la zona del conflicto. Sin embargo, en 2021 hubo un cambio de tendencia marcada por la declaración del estado de excepción y la mayor coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías. Los resultados judiciales de estos esfuerzos solo podrán evaluarse en propiedad a partir de este año, pero ya se observa un aumento considerable en el número de detenciones. Es de esperar que el gobierno entrante persevere en el camino iniciado en 2021 y no regrese al estado generalizado de inefectividad observado con anterioridad”, dijo.

ARCHIVO, ataque incendiario en Nueva Imperial, empresa Bascur.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, afirmó que las cifras que entrega este reciente informe confirman que, “hay impunidad, hay falta de justicia, muchos dicen que no se puede hacer más de lo mismo, y efectivamente no se puede hacer más de lo mismo. Lo que reclama la región es un mínimo de eficacia de las instituciones policiales y judiciales, ya que este conflicto nunca se va a resolver si aquellos que cometen delitos graves tales como asesinatos, quemas de propiedades y de medios de trabajo, no pagan como debe pagarse en cualquier sociedad democrática. Los delitos deben ser sancionados y los responsables castigados; y eso es lo que no ha ocurrido nunca en La Araucanía”.

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